Un
día decidí luchar contra la sensación más desagradable de todas, la impotencia.
Entonces, pensé que quería dedicar mi vida a la profesión encargada de buscar
seguridad y velar por la justicia. A los 18 años me inscribí a la facultad de
derecho, encontré en la doctrina las razones y en las leyes las soluciones, 5
años más tarde baje del cielo del pensamiento jurídico para ejercer la abogacía.
Fue entonces cuando descubrí la infinidad de formas en que puede interpretarse
una sola Ley. Muchas maneras de ver una misma cosa, para entenderlo mejor,
pongamos que el Sistema Jurídico Mexicano es una manzana, el problema es que
para cada persona que interviene en un procedimiento judicial la manzana
significa algo distinto, para algunas el pecado, para otras la gravedad y para
otras tantas la tecnología. En un
juicio, vale lo que pensó el legislador cuando redactó la ley, las
circunstancias económicas, sociales y políticas en el tiempo y lugar de los
hechos que se estudian, así como el significado estricto de cada una de las
palabras que contenga el artículo que se pretende interpretar, entre otras
cosas. Pero el proceso es aun más complejo, pues a la hora de resolver importan
mucho los valores y pensamientos de una persona, la encargada de tomar la
decisión final, el juez; esto es, un juez conservador y tradicionalista no
piensa igual que un juez innovador, así como el juez que es feliz y tiene un sistema de
valores sólido no piensa igual que otro a quien la vida no ha tratado tan
bien. De esta manera los abogados
podemos conocer muy bien los libros y las leyes, pero en definitiva, nuestra
realidad jurídica esta en la decisión y el razonamiento que se encuentran plasmados
en las sentencias, en el pensamiento del juez. Por lo que es preciso saber el contenido de la sentencias, aunque no formemos parte del pleito. Si no tenemos acceso
a las resoluciones judiciales es muy poco probable que tengamos una noción
clara de cómo resolverá un juez. El artículo 8º de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental obliga al Poder
Judicial de la Federación a hacer públicas sus sentencias una vez que éstas han
causado estado. Sin embargo, en la
practica un abogado de nuestro país puede tardar entre 4 y 6 meses en conseguir
la copia de una sola sentencia (después del acostumbrado trámite burocrático
por supuesto) mientras que en países desarrollados las sentencias se encuentran
colgadas en la red prácticamente desde que se dictan. Parece sencillo, pero si esta situación es
muy extrema (como lo esta siendo actualmente en México) nos puede llevar a un estado
de incertidumbre tal que podría llegar a ser mayor y más caótico que la temida
y tristísima impotencia.

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